Para un análisis general de la capacidad mental, véase Inteligencia
La capacidad mental en derecho es un término que se utiliza para describir la capacidad de una persona de poder tomar decisiones por sí misma y de poder comprender lo que esas decisiones significarán para ella.
A veces, las personas que no están bien, como las que tienen enfermedades que afectan a su memoria (enfermedad de Alzheimer o demencia), las que tienen dificultades de aprendizaje o las que tienen problemas de salud mental, pueden encontrarse en una situación en la que se cuestiona su capacidad para tomar decisiones por sí mismas. Esto puede deberse a que no entienden que lo que están haciendo no es bueno para ellos; no se dan cuenta de que podría enfermarles o meterles en problemas.
Las personas también pueden carecer de capacidad si no pueden comunicarse de ninguna manera; por ejemplo, si están en coma o si tienen un daño cerebral grave. En este caso, puede ser necesario que otra persona, como un abogado o un juez, tome decisiones por ellos mediante una orden judicial.
En algunos países, como el Reino Unido, existen leyes que indican a quienes trabajan con personas cuya capacidad puede estar en duda, lo que deben hacer y cómo decidir si alguien es capaz de tomar sus propias decisiones. En el Reino Unido, esta ley se llama Mental Capacity Act (2005). Enumera 5 normas que deben utilizarse como guía; en términos sencillos, son:
- Debe suponer que una persona tiene capacidad, a menos que pueda demostrarse lo contrario.
- Siempre que pueda, ayude a una persona a tomar sus propias decisiones.
- Sólo porque una persona tome una mala decisión, no significa que no pueda tomar decisiones.
- Si tienes que tomar una decisión por alguien que no tiene capacidad, debe ser lo mejor para él.
- Cualquier tratamiento o cuidado para alguien sin capacidad, no debe quitarle sus derechos y su libertad más de lo necesario.
Esta ley también permite a las personas que tienen capacidad, elegir a otra persona para que tome sus decisiones por ellos, en el caso de que no puedan hacerlo ellos mismos.
Suponiendo que una persona no pueda tomar decisiones por sí misma, ¿qué ocurre entonces? En el Reino Unido (y en muchos otros países) existe un marco legal para garantizar que nadie se aproveche de dicha persona. Suele estar formado por un médico o psiquiatra que se ocupa de la persona en cuestión, un abogado que la representa y un abogado que representa el «interés público» (el Estado). Las reuniones se celebran en momentos acordados, por ejemplo una vez cada tres meses. El objetivo es asegurarse de que las decisiones que se tomen sean en interés de la persona.