«Derecho de interés público» es un término que se adoptó ampliamente en Estados Unidos durante y después de la agitación social de la década de 1960. Se basó en una tradición ejemplificada por Louis Brandeis, que antes de convertirse en juez del Tribunal Supremo de Estados Unidos incorporó la defensa de los intereses del público en general a su práctica jurídica. En un célebre discurso de 1905, Brandeis criticó la profesión jurídica, quejándose de que «los abogados capaces se han permitido en gran medida convertirse en adjuntos de las grandes corporaciones y han descuidado su obligación de utilizar sus poderes para la protección del pueblo». A finales de la década de 1960 y en la de 1970, un gran número de graduados de las facultades de derecho estadounidenses empezaron a buscar la «relevancia» de su trabajo, deseando tener un efecto sobre las cuestiones sociales que se debatían de forma tan visible y acalorada en la sociedad estadounidense de la época. Se definieron a sí mismos como abogados de interés público para distinguirse de los «adjuntos corporativos» a los que se refería Brandeis.
El derecho de interés público no describe un cuerpo de leyes o un campo legal; el término se adoptó para describir a quiénes representaban los abogados de interés público, más que los asuntos en los que trabajarían. En lugar de representar a poderosos intereses económicos, optaron por ser defensores de personas que de otro modo estarían infrarrepresentadas. En consecuencia, una importante corriente de la abogacía de interés público siempre ha hecho hincapié en la necesidad de prestar servicios jurídicos a quienes viven en la pobreza. Sin embargo, el término ha crecido hasta abarcar una gama más amplia de actividades de abogados y no abogados que trabajan en pro de una multitud de objetivos, incluidos los derechos civiles, las libertades civiles, los derechos de la mujer, los derechos del consumidor, la protección del medio ambiente, etc. No obstante, un denominador común para los abogados de interés público en Estados Unidos y en un número cada vez mayor de países sigue siendo la ética de «luchar por el pequeño», es decir, representar a los segmentos vulnerables e infrarrepresentados de la sociedad.